Defensa de comuneros de púlpito rechaza criminalización de manifestantes

Este lunes 06 de abril puede ser un día clave en la extensa formalización de los comuneros del sector de Púlpito, que ya cumplió una semana desde que se iniciaron las audiencias en el Juagado de Garantía de Castro, mientras las 17 personas permanecen detenidas en el penal de Alto Bonito en Puerto Montt.

Las alegaciones de los intervinientes se realizaron durante todo el fin de semana largo, y durante esta jornada debería ser el turno de la abogada Orieta Llauca, como representante de los imputados.

La jurista reaccionó fuertemente rechazando las declaraciones del seremi de Seguridad de Los Lagos, Francisco Muñoz, en torno a la decisión del ejecutivo de invocar la ley antibarricadas para con los manifestantes que han cortado rutas en la carretera entre Chonchi y Quellón, en protesta por este proceso que lleva adelante la fiscalía.

La abogada Orieta Llauca denunció que el Estado está vulnerando los derechos de las personas enjuiciadas y que detrás de ello hay una abierta discriminación para quienes representan a pueblos originarios, frente a autoridades y querellantes que buscan eliminar su representatividad.

En medio de las audiencias llevadas a efecto en el tribunal de Castro, se han conocido declaraciones de parte de las comunidades en orden a denunciar el actuar de las autoridades y la forma represiva en la que se ha llevado adelante el proceso investigativo, como lo indicó el vocero de la comunidad Coihuín de Compu, Luis Llaitureo, a nombre de las comunidades de la FUTA HUAPI CHILHUÉ.

Este lunes 06 de abril desde las 9 y media de la mañana comenzaba la audiencia en la que la defensa de los detenidos por la PDI el 25 de marzo debe alegar que las acusaciones son infundadas y que se les debe dejar en libertad.

Por tercera semana consecutiva tiene lugar esta tensión entre comunidades de pueblos originarios en el sector Púlpito, comuna de Chonchi, donde se produjo la detención de un grupo de 24 personas el 25 de marzo pasado a lo que se respondió con bloqueos en la Ruta 5.

Tras las primeras audiencias ante el Juzgado de Garantía de Castro el tribunal dictó arresto domiciliario para siete imputados, quedando todavía detenidos, 17 personas en Puerto Montt.

En medio de esta situación se conoció estos últimos días de las declaraciones del seremi de Seguridad Pública de la región de Los Lagos, Francisco Muñoz, quien enfatizó que se invocarán las sanciones penales de la Ley N° 21.208, conocida como Ley Antibarricadas.

El personero precisó que la investigación penal por robo de madera y asociación ilícita es dirigida exclusivamente por la Fiscalía de Castro.

Según detalló el representante gubernamental, las usurpaciones en la zona afectan predios de Bienes Nacionales y terrenos privados al menos desde el año 2016.

Las agrupaciones territoriales advierten que mantendrán la vigilia en tribunales y el control de rutas si no se establece una mesa resolutiva directa con el Ministerio del Interior.