Una demanda civil ante el Juzgado de Letras de Ancud interpuso un conjunto de funcionarios Asistentes de la Educación de esta comuna, en contra de la Corporación Municipal.

Dicha acción legal persigue que se les pague una indemnización por los daños y perjuicios que les ha ocasionado la no cancelación de cuantiosos recursos por concepto de cotizaciones previsionales, además de aquellos dineros que por varios años están adeudados en casas comerciales e instituciones crediticias, entre otras.

El recurso legal contó con el patrocinio del abogado laboralista Raúl Oliva, quien manifestó que se trata de un derecho que les asiste a los funcionarios quienes se han visto perjudicados en sus vidas por esta situación. Por ello la demanda es por daño emergente y moral, según explicó.

Junto con la enorme pérdida económica y social que les ha significado el no pago de las cotizaciones previsionales, el abogado Raúl Oliva expresó que existe también un detrimento en la calidad de vida de los trabajadores, por cuanto no cuentan con acceso a beneficios en instituciones de crédito u otros.

Recalcó el jurista que prácticamente no cuentan sus representados con ningún tipo de acceso a créditos, puesto que aparecen en calidad de deudores en el sistema, toda vez que en las planillas de remuneraciones, aparecen los dineros cancelados en aquellas casas comerciales, sin embargo, éstos no son enterados desde hace varios años, sucediendo algo similar con las cotizaciones previsionales.

Respecto de esta acción legal, el presidente del sindicato número 1 de Asistentes de la Educación de Ancud, Andrés Ibañez, expresó que, pese a que comprenden que estas irregularidades acontecieron en la anterior administración municipal, la situación no ha variado con la llegada del nuevo gobierno comunal.

En este sentido, el dirigente gremial Andrés Ibañez también lamentó que las numerosas gestiones realizadas ante los directivos de la Corporación y de su presidente, Carlos Gómez, no hayan dado ningún resultado hasta ahora.

En tanto, Mauricio Lacábe, presidente del Sindicato número 3 de Asistentes de la Educación de Ancud, dijo que la situación de sus asociados es muy complicada, dado que el perjuicio ha sido muy grande y no se ve una solución a corto plazo.

Tampoco los 1800 millones de pesos del LISBAK conseguido por el municipio permitirían terminar con la deuda, sostuvo el dirigente gremial.

Coincidieron los dirigentes de los sindicatos de Asistentes de la Educación que se trata de un derecho que les asiste a los trabajadores de defender sus intereses patrimoniales, de los que dicen sentirse despojados desde hace más de cinco años, indicaron.