La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por pescadores artesanales y organizaciones medioambientales de la región de Los Lagos por el vertimiento de 9 mil toneladas de salmón.

En fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal, ordenó la adopción de una serie de medidas a Sernapesca, Directemar, Seremi de Salud y Superintendencia del Medioambiente.

“Se aprecia que las instituciones involucradas omitieron desplegar alguna actividad que aminorara los efectos que esa condición climática, que era conocida con anticipación, podía producir sobre los cultivos acuícolas, como efectivamente sucedió, y en tan gran magnitud«, dice el fallo.

Esto fue celebrado por la Mesa de Marea Roja de Ancud, cuyo presidente, Pablo Oyarzo, expresó que se trata de un respaldo relevante para que más adelante se puedan emprender otras acciones, entre ellas posiblemente, una indemnización del Estado a las comunidades dañadas por la contaminación y el consiguiente impedimento de extracción de recursos.

Respecto de qué es lo que buscarán luego de este fallo los pescadores artesanales, Pablo Oyarzo sostuvo que existen culpas compartidas de los entes públicos y de la industria del salmón.

Según se informó extraoficialmente, es posible que la próxima semana llegue a Chiloé el abogado que representa a los pescadores artesanales que ganaron este recurso en la instancia de la Corte Suprema.

Señalando que los pescadores artesanales de la comuna de Ancud y de la región de Los Lagos “le habían torcido la mano” a los organismos públicos que habían propiciado el vertimiento de más de 9 mil toneladas de pescado en descomposición, el municipio de Ancud celebró la conquista que obtuvieron en la Corte Suprema.

El administrador municipal Alexis Latorre detalló algunos de los aspectos que no dejan lugar a dudas acerca de la ilegalidad de la operación llevada a cabo en los primeros meses de 2016, frente a las costas de la comuna de Ancud.

Subrayó que en aquella época, los mismos organismos que ahora son cuestionados por la Corte Suprema, dijeron que sí cumplían con la normativa al desechar esa enorme carga de elementos contaminantes al mar.

Sin embargo, la situación es desvirtuada por el fallo unánime de la Corte Suprema, expresó.

Puntualizó que el alto tribunal saca a la luz la ilegalidad de lo obrado por las instituciones, que no tomaron los resguardos ante el depósito en el mar de la materia en descomposición.

Sostuvo que las entidades públicas deberán realizar las acciones que les ordena la Corte Suprema y explicar a la comunidad nacional por qué llevaron a efecto estas operaciones fuera de toda legalidad.

Se trata de un primer paso muy importante para perseguir próximas acciones de compensación probablemente, señaló el administrador municipal de la comuna de Ancud.