Molestia y preocupación causó entre concejales y dirigentes de trabajadores de la educación luego que en la sesión de concejo del día lunes en Ancud, el alcalde Carlos Gómez presentó una modificación presupuestaria para que se obtengan recursos para los funcionarios no reconocidos por el administrador provisional.

Sin embargo, dentro de esta propuesta se indicaba que también debía recibir un monto de dinero, Lorena Romero, quien hasta enero de este año estuvo en el cargo de secretaria de la corporación municipal.

Por ello es que desde el grupo de trabajadores de la educación no dudaron en criticar la presentación del alcalde de Ancud, ya que a su juicio, no correspondía que se le colocara al mismo nivel que los funcionarios, como lo expresó una de las representantes de asistentes de la educación, Sonia Saldivia.

En torno a esta situación que se presentó en el concejo municipal de Ancud se manifestó el concejal Andrés Ibáñez, indicando que la inclusión de la ex secretaria municipal Lorena Romero en el listado de funcionarios no reconocidos por el administrador provisional, está fuera de toda lógica. 

Acerca de estas opiniones que se generaron en torno a la propuesta para que Lorena Romero reciba ciertos montos de dinero, como los trabajadores no reconocidos, el alcalde Carlos Gómez defendió su postura y el derecho de la ex secretaria a recibir esos recursos.

Finalmente los concejales aprobaron la modificación presupuestaria indicando que era imposible votar en contra porque habría significado dejar a los funcionarios sin esos recursos, ya que la modificación presupuestaria se presentó de manera conjunta, incluyendo en el listado a Lorena Romero.

Haciendo uso de su derecho a réplica, la ex secretaria de la corporación municipal, Lorena Romero, se refirió a la situación que se generó en el concejo municipal, con el consiguiente debate, en el que fue mencionado en más de una ocasión su nombre, por lo que entregó declaraciones, señalando que analizará la opción de adoptar otras medidas y acudir a la justicia frente a los dichos de las autoridades comunales. 

Escuchemos lo que indicó Lorena Romero al respecto.

Sin abastecimiento de agua potable se quedaron las localidades de Quetalmahue y Huicha, en la comuna de Ancud, ya que desde el lunes los camiones aljibe decidieron no seguir repartiendo el vital elemento por una millonaria deuda.

El encargado del transporte y reparto habría manifestado que se le adeudan unos 30 millones de pesos solo por concepto de entrega de agua al sector de Huicha, según lo indicó el dirigente de la localidad Braulio Triviño, quien se mostró profundamente preocupado por tener que quedarse sin el suministro cuando todavía están con la prohibición del uso del agua desde el APR, por seguir contaminada.

El dirigente indicó que sería la delegación regional y provincial a través de Senapred quienes deberían pagar esos dineros, pero son gestiones que están en este momento en curso.

Sin embargo, expresó que de no recibir una respuesta satisfactoria no descartan tener que movilizarse.

Quien también se expresó con preocupación fue Mariela Núñez, quien es asesora científica del APR del sector de Huicha. 

Tres personas resultaron detenidas en un operativo anti drogas que tuvo lugar en Ancud y en el que se incautó un cargamento de droga, específicamente cannabis sativa y clorhidrato de cocaína, además de una pistola a fogueo, adaptada para el disparo, entre otras especies.

La diligencia la llevó a efecto un equipo especializado de funcionarios de Carabineros del OS-7 de Puerto Montt, quienes concurrieron hasta la ciudad para realizar esta acción en una empresa de encomiendas, en la que verificaron la existencia de la mercancía ilícita, por lo que procedieron a esperar que sea retirada, momento en que detuvieron a la personas sospechosa.    

Pormenores de los operativos llevados a efecto de manera encubierta y que culminó exitosamente con la detención de los involucrados, entregó la fiscal de Ancud, Pilar Werner, quien indicó que dos de los aprehendidos quedaron en prisión preventiva.

Los tres integrantes de esta organización criminal tienen entre 27 y 54 años de edad.

En la audiencia de formalización ante el Juzgado de Garantía de Ancud se fijó un plazo de investigación de 60 días.