Solicitan investigar supuestas faltas graves a la probidad administrativa del Alcalde de Castro

En la jornada del martes fue ingresada en la Contraloría Regional de Los Lagos una denuncia en contra del alcalde de Castro, Juan Eduardo Vera, y los actuales consejeros regionales, Federico Kruger y Francisco Cárcamo, por eventuales faltas graves a la probidad administrativa y conflicto de interés.

La acción fue interpuesta por el diputado Fidel Espinoza, quien apuntó sus críticas hacia estas autoridades regionales, quienes se encuentran contratados en la Corporación Municipal de Castro, según puntualizó.

De acuerdo a lo que especificó el parlamentario, a ellos se les pagan sueldos “millonarios”, como los calificó, transgrediéndose la ley de probidad administrativa.

Más adelante, el parlamentario llamó al edil de Castro a reconocer que se ha evadido la ley vigente, y que es parte también del reproche que la ciudadanía reclama en las calles, dijo Fidel Espinoza.

Además, el congresista no descartó que el tema pueda llegar a instancias judiciales, toda vez que los consejeros pudieron haber votado en el Consejo Regional materias “incumbentes” y que beneficiaban al propio municipio que los contrató, según afirmó en un comunicado público.

La arremetida del diputado Fidel Espinoza se produjo tras difundirse que el municipio de Castro dispuso que a partir del 01 de diciembre ningún funcionario municipal percibirá remuneraciones inferiores a 500 mil pesos.

En sesión del concejo municipal de castro el edil Julio Álvarez presentó un requerimiento para que el alcalde Juan Eduardo Vera haga públicos los antecedentes sobre un supuesto saqueo a su oficina el pasado 02 de noviembre.

Ello, en el contexto de unas manifestaciones en el centro de la ciudad que esa noche culminaron edificios públicos y privados dañados por pedradas. Entre ellos, el jefe comunal dio cuenta a través de un video que su oficina había sido “saqueada” por algunas personas.

Ejerciendo las facultades fiscalizadoras el concejal Álvarez pidió al alcalde de Castro proceda a respaldar sus afirmaciones sobre los hechos, sobre los cuales hay grandes dudas, dijo la autoridad, para lo cual tienen un plazo legal de 15 días.

Ante las interrogantes que se manifestaron en redes sociales, sobre la veracidad del “saqueo”, el concejal Julio Álvarez expresó que lo esencial es la transparencia en el servicio público y la credibilidad de sus autoridades.

Sostuvo finalmente que las autoridades no deben hacer uso propagandístico de los hechos de violencia que ocurren durante esta crisis social y tratar de menoscabar a quienes pacíficamente expresan sus demandas por mejorar los aspectos sociales y económicos del país.